España se encuentra sometida desde el inicio de la
crisis a un proceso de deterioro
progresivo que las políticas aplicadas por el anterior Gobierno socialista y
por el actual del PP no sólo no aciertan a detener, sino que, por el contrario,
agravan la situación al actuar de manera excesivamente lenta y no
suficientemente incisiva sobre los problemas que padecemos. Ha tenido que ser
desde Europa donde nos marquen claramente
la hoja de ruta a seguir, con unos ajustes muy duros, uno de ellos corresponde a las
administraciones locales que van a ver reducido sus concejales en un treinta
por ciento.
Pues eso está bien,
pero ¿es justo que se reduzcan concejales cuando van a seguir nombrándose a
dedo tantos y tantos cargos de confianza que ahogan los presupuestos
municipales?, ¿o se van a reducir igualmente en la misma proporción? Yo
sinceramente pienso que no, incluso, si las arcas lo permiten, nombrarán aún
más cargos de confianza.
En Alcorcón, que es mi pueblo de adopción, contamos con 27
concejales y alrededor de 60 puestos de esos que llaman de confianza, que son
como los cobradores del frac pero sin frac y cobrando una millonada. La
pregunta es ¿son necesarios? ¿Para qué están los funcionarios del Ayuntamiento entonces?, teniendo
en cuenta que estos últimos tienen mejor formación ¿para qué entonces
tanto dedo? Bajo el camuflaje de
“cargos de confianza” se pretende dotar a
las administraciones públicas con personas improvisadas y la mayoría de
las veces ineptas. La experiencia demuestra reiteradamente que bajo el pretexto
de “cargo de confianza” se da cabida a personas no sólo inexpertas sino con
antecedentes nefastos de corrupción e incluso con antecedentes policiales o
judiciales.
Luego otra cosa ¿De qué vale que el alcalde diga que no
tiene dinero para hacer tal o cual cosa y sin embargo sí tiene para pagar sus
millonarias nóminas? No me lo acabo de creer.
El ser político no
da el derecho ni la obligación a colocar a los familiares y amigos en las
administraciones públicas, pues ello conduce a su desprestigio. Parte de los
vicios que atacan la moral de nuestra nación está en la forma de nombrar o
designar a estos cargos no elegidos por el pueblo.
Desde que se
instauraron los ayuntamientos democráticos, una media de sesenta personas
(dependiendo del volumen de cada ayuntamiento), los denominados “cargos de
confianza” , son colocados a dedo y pasados cuatro años la mayoría abandona una
vez concluye el mandato electoral, aunque algunos partidos políticos se sacaron
de su chistera un mecanismo para enquistar a estos cargos de confianza haciendo
oposiciones “a la carta”, es decir, crear un perfil que sólo cumple el cargo de
confianza en cuestión o amañar directamente las oposiciones. Así cuando el
cargo electo es sustituido por otro de color político distinto, deja su
vestigio político a través del cargo de confianza transformado en funcionario,
lo que implica un control permanente tanto si el cargo sigue electo o no. Con
el añadido de que este puesto eventual cobra muchísimo más que el resto de sus
homólogos teniendo las mismas responsabilidades y la mayoría de las veces
teniendo una menor formación.
La extrema gravedad de la situación económica, moral, social
e institucional de España en el momento actual, obligan, sí o sí, a emprender
sucesivas reformas para enfrentarse a los muy diversos problemas de España. Y
no solo en el aspecto económico, también en el institucional. Está bien que se reduzcan concejales, pero
¿qué pasa con las Diputaciones? Esos entes que estando en vigor las Comunidades
Autónomas no tienen sentido su existencia, y que sólo sirven para colocar a los
miles y miles de políticos que no tienen cabida en las demás administraciones y
que de alguna manera hay que pagarle sus favores hechos por el partido.
Es necesaria y urgente que el gobierno plantee a todas las fuerzas
políticas con representación parlamentaria un programa integral, coherente y
sistemático de reformas cuyo debate y negociación ofrezca como resultado un
gran acuerdo nacional para lograr la necesaria e inevitable “reconversión del
Estado”.
Llevamos una década padeciendo una crisis sistemática cuya
cabeza visible es la economía, pero que oculta otras más graves como son las
estructuras políticas o las institucionales, que derivan con el tiempo en
fallos peligrosos para nuestra democracia.
