¡Abajo con el bipartidismo político!

Los periódicos de ayer viernes daban cuenta del desarrollo del debate entre los dirigentes de los tres partidos políticos más importantes del Reino Unido. Para sorpresa de todos, el líder del tercer partido en discordia, el liberal-demócrata Nick Clegg, fue el ganador absoluto del debate televisivo. La primera consecuencia ha sido que las encuestas le han situado a su partido pisándole los talones al Cameron, líder y candidato del partido conservador británico, y doce puntos por delante de Gordon Brown, el actual Primer Ministro y candidato del Partido Laborista.
Es inevitable que nos preguntemos hasta qué punto ha influido en este resultado mediático y demoscópico la situación de hartazgo con la que se acercan a la política los ciudadanos del Reino Unido. Y es inevitable también que hagamos el ejercicio de comparar esa situación con la española. ¿Qué pasaría si aquí se hicieran los debates de otra manera? ¿Qué pasaría si los medios de comunicación españoles dejaran de informar sobre lo que ocurre en España sólo a través de lo que opinan los dirigentes del PSOE y del PP? ¿Que pasaría si los medios de comunicación, particularmente los públicos, cumplieran con su obligación de dar la voz a todas las expresiones políticas? Que pasaría si en Tele Madrid dejaran de vetar a cierta formación política (elegida por la circunscripción de Madrid, por cierto) y volvieran a llamarla para que pueda participar, como lo hacen otros Diputados, en Madrid Opina? ¿Qué pasaría si los ciudadanos tuvieran la oportunidad de enterarse de que existen más propuestas políticas además de las del PSOE o PP.
Me temo que todos ustedes saben la respuesta. Y el PSOE y el PP también lo saben. Y la conocen sus antenas mediáticas; sus medios de comunicación; sus cadenas públicas, esas que están a su servicio y que mantenemos todos nosotros a través de nuestros impuestos.
Pero de la misma manera que en el Reino Unido los dos grandes no han podido impedir que la gente escuche a un partido y un candidato que representa lo que millones de británicos están deseando escuchar y apoyar, en España se terminará escuchando otras voces. Porque la necesidad de los ciudadanos de dejar de sentirse huérfanos es mucho mayor que las dificultades y las trampas que tienden los del establisment para hacer ruido y tapar el debate de las ideas y las propuestas razonadas e inteligentes. Como decía el otro día Gorka Maneiro, les tenemos rodeados. Y somos tan pertinaces como animosos y pacientes.
Nos esperan días grandes, amigos, y también para el resto de la ciudadanía.

España, viaje hacia el federalismo

Se sabe que el federalismo es una palabra tabú entre la sociedad española, siempre ha parecido ocultar el temido separatismo o desmembramiento de nuestro Estado.
Debemos saber que el federalismo es una doctrina política que busca en un Estado formado por distintos organismos - las Comunidades Autónomas en el caso español- se asocien delegando competencias administrativas o poderes propios a otro organismo superior, a quien pertenece la soberanía, y que viene a ser el Estado federal conservando una cierta autonomía, ya que algunas competencias les pertenecen exclusivamente. A muchos ciudadanos españoles es un asunto que nos preocupa.

Nuestra Constitución deja abierta, peligrosamente y sin límite, una puerta por donde el Estado puede repartir sus competencias a las autonomías. Nos pensamos que éstas están llegando al máximo que un Estado se puede permitir pues ya son muchas las competencias delegadas y mucho el presupuesto económico que se les destina; pues no, lo cierto es que el Estado, mejor dicho, el Gobierno central, que es el poder ejecutor, puede seguir delegando más competencias a nuestras comunidades autónomas. En el artículo 150, apartado 2, de la Constitución se explicita:
“El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La Ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”.

Pero, a continuación, en el apartado 3, dice:
“El Estado podrá dictar Leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad”.
Con lo cual, nuestra Constitución al igual que deja abrir una puerta, también pone la vía legal para cerrarla. Por lo tanto, el camino a recorrer para que el Estado recupere ciertas competencias importantes que ya ha transferido se puede volver a hacer en dirección contrario. Sin duda, esta recuperación será ardua y posiblemente conflictiva, aunque no por ello necesaria, pues no será fácil recuperar para el Estado ciertas competencias de Justicia, de educación, de impuestos, etc., etc., que hoy en gran porcentaje están delegadas a las comunidades autónomas.

No es extraño pues que como el caso catalán, cuya reforma de su nuevo Estatuto quieren alcanzar una mayor autonomía legal respecto al Estado central, con unos puntos que más parecen una declaración de independencia. Cuáles son esos puntos que crispan la sensibilidad unitaria de cualquier español; a grandes rasgos los siguientes:

1- Se reconoce a Cataluña como nación
2- Recoge el derecho de autodeterminación aludiendo a los hechos históricos.
3- Establece el principio de bilateralidad en las relaciones entre el Estado y la Generalitat, así como la creación de la comisión Generalitat-Estado que se encargará de los asuntos que afecten a ambas administraciones.
4-- Se incorpora el deber de conocer el catalán.
5- Papel preponderante de Cataluña respecto al Estado en las relaciones con la Unión Europea en los asuntos que afecten a sus competencias o intereses.
6- Cataluña cambia la estructura administrativa territorial que figura en nuestra actual Constitución organizada en provincias, con una nueva organización territorial en municipios y veguerías, otorgando con ello un mayor protagonismo a la administración local, anulando de un plumazo la figura de la provincia.
7- Se refuerza la posición del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como última instancia judicial, aumentando sus competencias respecto a las de 1979.
8- Se crea el Consell de Justicia de Cataluña, un organismo similar al Consejo General del Poder Judicial.
9- Se solicita la delegación de las siguientes competencias: régimen de estancia y residencia de extranjeros, llevar la gestión de los puertos y aeropuertos situados en Cataluña, poder convocar consultas populares a través de referéndum, gestionar las infraestructuras de telecomunicaciones situadas en Cataluña, tener competencia para expedir y homologar títulos académicos, poder determinar los órganos rectores y gestionar la dirección de las cajas de ahorro domiciliadas en Cataluña.
10- Gestionar el 100% de todos los impuestos soportados en Cataluña, así como la participación en sus rendimientos.
11- Tener su propia Agencia Tributaria que colaborará con la del Estado bajo la fórmula de convenio.

Como veis es toda una declaración de independencia encubierta. Si el Tribunal Constitucional da su aprobación a este texto de la Generalitat catalana, dejará abierto el camino para que el resto de comunidades autónomas imiten su pedagogía estatutaria. Autonomías como el País Vasco, Galicia o Andalucía serán las primeras en apuntarse a la lista y, por supuesto, seguido del resto de Comunidades, por aquello de ser iguales. Todas tienen los mismos derechos, la Constitución de 1978, como ya he comentado anteriormente, deja perfectamente abierta la puerta a esta posibilidad.

¿Por qué, pues, conviene cuanto antes que en España se instaure un sistema federal?,
¿Habría que cambiar algún artículo de nuestra Constitución sobre esta cuestión?, posiblemente sí. No soy experto en leyes pero veo que sería necesario actualizar algún artículo del Título VIII referido a las Comunidades Autónomas.

Nuestra Constitución de 1978 -la mejor de cuántas hemos tenido- se elaboró de forma precipitada, era necesario e imprescindible aprobar una Carta Magna que regulase legalmente nuestro nuevo status democrático. Aunque se puede decir que es una Constitución ambiciosa por el apoyo a las libertades individuales del ciudadano y la amplitud en cuanto a respeto y derechos de Comunidades históricas; se redactó con el rabillo del ojo puesto en cuarenta años de organización legislativa franquista, y eso pesaba mucho. Seguro que si hoy tuviéramos que elaborar -entre todos- una nueva Constitución con el poso de cuarenta años de convivencia democrática, no sería la misma. Bien es claro que las libertades tanto ciudadanas como institucionales han alcanzado unos niveles impensables entonces, pero es algo racional y muy lógico que una ley tenga que adaptarse a su tiempo y estar asentada en su experiencia.


Cordialmente,
Pepucho

Día de Mercadillo en la Plaza de la República

La foto que ilustra este artículo está tomada de un martes cualquiera de los que se celebra Mercadillo en esta yerma Plaza. Da estupor pasear por unos jardines inundados de bolsas y papeles que parece han florecido de entre las secas y abandonadas praderas.

Trabajo tienen los esforzados trabajadores de Esmasa o los jardineros hasta dejar decentes los jardines, si hay suerte, en algunos días estará listo, sino, la fuerza del viento se encargará de su ecológica limpieza.

Y qué me dicen de los pobres comerciantes desterrados a vender sus productos en semejante paraje, una plaza de la República, alejada y a extramuros de la urbe. No sirven las continuas quejas de estos sumisos autónomos reclamando les ubiquen en otro lugar más concurrido. El pequeño autónomo, el pequeño comercio, ya se sabe que no está bien mirado por el actual Gobierno local, empreñado mejor en sus masonas tareas que causan la ruina económica de los vecinos de Alcorcón. Mientras los vecinos acudimos cada martes, haga frío o calor, caiga el Lorenzo con rigor, nieve o hiele a esta Plaza donde la rosa de los vientos juega con la veleta a su capricho.

Los LOS y las LAS de LOS socialistos y LAS socialistas

De demagogia y estupidez esta el mundo lleno. Esto que tanto se lleva últimamente de enarbolar la igualdad de género hasta los límites más ridículos, tiene la muestra clara en la utilización que hacen algunos colectivos y personas de los femeninos (mejor estaría decir “femeninas”) y masculinos.

¿Tienen sexo las palabras o, simplemente, género? ¿El hecho de que un término sea masculino o femenino depende de su evolución dentro de una cultura en la que, hasta hace poco, las mujeres eran invisibles o, por el contrario, depende de una serie de reglas gramaticales ajenas a toda ideología? ¿Se refiere también a las vascas el plural "vascos" o es necesario citar ambas formas como hace, incansable, el lehendakari Ibarretxe? ¿Están incluidas las diputadas en el nombre actual del Congreso de los Diputados? La gramática dice que sí, pero los lingüistas no acaban de ponerse de acuerdo. Y la polémica sobre el posible sexismo del lenguaje arrecia. ¿Una nueva batalla contra la discriminación o el enésimo artificio políticamente correcto?

"Si uno habla del nivel de vida de los españoles, es absurdo añadir 'de las españolas'. Suena incluso ridículo", apunta. "Si yo le pregunto a alguien cómo están sus hijos se entiende que también le pregunto por sus hijas. No creo que sea discriminatorio" cuando se coordinan un sustantivo masculino y uno femenino. En "Juan y María han ido juntos", "juntos" es un masculino plural: "Así es el idioma, no hay otra forma de decirlo.
Usar el masculino y el femenino sistemáticamente es insostenible.

Una de las salidas a la polémica del desdoblamiento es el uso de sustantivos colectivos -decir magistratura o justicia en lugar de jueces y juezas- y nombrar las instituciones según la actividad y no según el sexo - Colegio de la abogacía en lugar de Colegio de abogados-. La nueva gramática limita el desdoblamiento a situaciones en las que su ausencia podría ser malinterpretada -como en el caso de "los españoles y las españolas pueden servir en el Ejército"-, el uso de sustantivos colectivos no siempre funciona. El alumnado es, sí, el conjunto de los alumnos, pero "el conjunto de los enfermos no es la enfermería, ni el conjunto de los médicos es la medicina, ni el conjunto de los periodistas es el periodismo, ni el conjunto de los socialistas supone la auténtica política".